03 agosto 2005

EL CGPJ CREE QUE EL GOBIERNO "TIENE MIEDO" A QUE EL CONSTITUCIONAL SE PRONUNCIE SOBRE EL MATRIMONIO GAY



El Consejo General del Poder Judicial dice que si el Gobierno está tan seguro de la constitucionalidad de la ley «no debería temer que el Derecho hable»

La polémica sobre la aprobación del matrimonio homosexual se trasladó del «ring» político a la calle con la manifestación del 18 J y ahora, con medio país de vacaciones, los asaltos se libran en el terreno judicial. Las descalificaciones vertidas por la directora general de Registros y Notariado del Ministerio de Justicia, Pilar Blanco-Morales, que tachó de «deleznable» la actitud de los jueces de Denia y Gran Canaria por paralizar matrimonios homosexuales al considerarlos inconstitucionales, no han quedado sin respuesta. En declaraciones a ABC, el portavoz del Consejo General de Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, exigió una rectificación por unas palabras «irresponsables, inapropiadas del cargo que ostenta y desacertadas porque traducen una falta de respeto hacia el Poder Judicial, hacia sus miembros y hacia el Tribunal Constitucional». En este sentido precisó que calificar de antidemocrática y deleznable la actitud de los magistrados «no es propio de un alto cargo del Estado, a menos que sus afirmaciones no obedezcan a error sino a una campaña de desprestigio del Poder Judicial».

El CGPJ sugiere al Ministerio de Justicia que «no tenga miedo ni al derecho ni a lo que el Tribunal Constitucional decida sobre el matrimonio homosexual». «Si tan segura está de lo que dice -insiste López en referencia a Blanco-Pastor- no veo el problema de que se pronuncie el Constitucional». López señaló que los jueces están «muy interesados en la aplicación de la norma, pero ante las dudas que surgen lo que se busca es que exista una seguridad jurídica». Recuerda además que el Gobierno no tuvo en cuenta la opinión de los magistrados a la hora de emprender la reforma que permite el matrimonio homosexual.

«Ataque de nervios»

En la misma línea coincidía José Luis Requero, vocal del CGPJ, para quien las acusaciones de la directora general de Registros están «fuera de lugar y son impropias del órgano que debe mantener con los jueces y tribunales encargados del Registro Civil una relación institucional fluida y no recurrir a la descalificación». No obstante, fue un poco más allá y tildó la reacción de «ataque de nervios». Asimismo, insistió en que el Gobierno «tiene cierto miedo a que el Derecho hable» sobre la ley del matrimonio homosexual y que así interpreta la «reacción fuera de lo normal» de Justicia y el «comportamiento erróneo» ante la intención de dos jueces de plantear dudas de inconstitucionalidad.

«Si tan convencido está el Gobierno de la bondad de la ley no tiene que tener ningún miedo a lo que diga el Constitucional», señaló José Luis Requero. A su juicio, esto «no significa deslegitimar una norma aprobada por el Parlamento, sino una consecuencia lógica de una ley muy polémica, sobre la que muchas instancias, como CGPJ o el Consejo de Estado, ya han manifestado sus dudas». Para Requero, el hecho de que los jueces hayan sido los que planteen cuestiones de inconstitucionalidad, o de que en los debates del Parlamento se plantee la posibilidad de la objeción de conciencia, «aboga la idea de que es una ley que dependerá en buena medida de la aplicación que los propios jueces lleven a cabo». Tampoco quiso dejar de pronunciarse en el día de ayer el Foro de la Familia. Su vicepresidente, Benigno Blanco, aseguró que «sólo los totalitarios pretenden imponer su criterio a los jueces».

Independencia judicial

Blanco se mostró convencido de que «en España se empiezan a ver síntomas preocupantes de un intento programado de imponer la ideología del «lobby homosexual» como forma de pensamiento único y obligatorio, atacando la libertad de expresión y, ahora, la independencia judicial».

El vicepresidente del Foro reiteró su confianza en la independencia del Poder Judicial y reclama al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que defiendan la independencia de los jueces frente a «este intento de mediatizarlos a través de la descalificación política o mediática».

Información extraida de: Abc

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