305 EUROS DE MULTA POR NO QUERER OFICIAR BODAS HOMOSEXUALES

El CGPJ multa a una juez de Denia que cuestionó la constitucionalidad de los matrimonios gays y rechazó la solicitud de varias parejas

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha sancionado con una multa de 305 euros y una advertencia a la juez de la localidad alicantina de Denia, Laura Alabau, que se negó a oficiar matrimonios entre personas del mismo sexo y criticó en un escrito al Gobierno y a la Fiscalía por la ley que regula estas bodas.

El Poder Judicial abrió un expediente disciplinario a Alabau el año pasado, magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Denia y responsable del Registro Civil en este municipio, por cuestionarse la constitucionalidad de los matrimonios homosexuales y negarse a celebrar estas bodas; además, rechazó la solicitud de varias parejas de homosexuales extranjeros para contraer matrimonio, alegando que en su país de origen no está reconocido.

Los vocales que integran el CGPJ han aprobado la propuesta formulada por el instructor del expediente que se abrió a Alabau, que consideró que la juez había cometido una falta grave del artículo 418.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y una falta leve del artículo 419.2. El primero de los artículos establece que es falta grave "dirigir a los poderes, autoridades o funcionarios públicos o corporaciones oficiales felicitaciones o censuras por sus actos, invocando la condición de juez, o sirviéndose de esta condición". Por su parte, el artículo 419.2 se refiere a que es falta leve la desconsideración con los miembros del Ministerio Fiscal.

En el escrito que la juez dirigió al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) Alabau se quejaba de haber sufrido "una persecución por parte del aparato propagandístico del Gobierno" y atribuía a la Dirección General de Registros hacer "una interpretación ilegal sólo movida por intereses políticos y propagandísticos". Además, en este documento indicaba que el teniente fiscal de Alicante, Juan Carlos López Coig, se había convertido "vergonzosamente en un apéndice del Gobierno".