21 julio 2007

"NO ENTIENDO QUE NOS ACUSEN DE CERCENAR LA LIBERTAD RELIGIOSA"



Desde que llegara a su cargo, en abril de 2004, la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico Carabias, se ha dedicado «a trabajar y trabajar». Durante su mandato, se ha impulsado el diálogo con las confesiones minoritarias, creándose la Fundación Pluralismo y Convivencia para proyectos sociales y educativos de musulmanes, judíos y evangélicos, y se está a la espera de comenzar las negociaciones para incluir a estas minorías religiosas en el IRPF.

En el debe, la «difícil» relación con la Iglesia católica del Gobierno socialista. En este sentido, y en una entrevista concedida a «Vida Nueva» (la primera a lo largo de estos tres años), Mercedes Rico asegura que «no entiendo que nos acusen de cercenar la libertad religiosa, si tenemos el sistema de enseñanza concertada más religiosa del mundo», al tiempo que critica la postura de algunos miembros de la Conferencia Episcopal, a quienes ve «muy politizados».

«Oponerse como sea»
Durante la entrevista, Rico Carabias (quien se muestra en todo momento quejumbrosa con la actitud del Episcopado español, afirmando que «no pensaba que se hacía tanta política») reconoce tener «una relación todo lo fluida que la jerarquía le interesa».
Para la directora de Asuntos Religiosos, en el seno de la Iglesia española existe una facción «que está en la línea de oponerse a este Gobierno como sea». Pese a las críticas, asegura que «no hay un enfrentamiento con el Episcopado, que como todo el mundo sabe, no es monolítica». Sí denuncia la existencia de «un grupo muy politizado, que no parará hasta las elecciones generales».

Aun así, Rico Carabias recuerda que «no se ha planteado» la denuncia de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979. Es más, se han alcanzado acuerdos, como el de la financiación, en el que «hubo un esfuerzo por ambas partes».

Del mismo modo, Mercedes Rico considera que «la Iglesia y el Estado son ámbitos diferentes e independientes», por lo que «la Iglesia no determina la legislación y el Gobierno no se mete con la doctrina ni en cómo se organiza la Iglesia». El respeto del Gobierno hacia la Iglesia es tal, que «lo primero que hizo el presidente Zapatero, en junio de 2004, fue plantarse en Roma para decirle al Papa que no pensaba denunciar los Acuerdos de 1979».

En cuanto a las leyes que han suscitado las críticas del Episcopado (matrimonios gay o divorcio «exprés»), Rico sostiene que «se dialogó en su momento a todos los niveles, y se llegó a la conclusión de que la opinión de la Iglesia, siendo muy respetable, no iba a determinar el abandono de un compromiso electoral seriamente asumido».

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